En 2016, un líder o lideresa social moría cada tres días, las investigaciones continúan con un ritmo aletargado en comparación a los repetidos casos de homicidios.
“Lo que ocurre es muy grave. Se mata en lugares lejanos de tal manera que en los centros urbanos existe la sensación de que nada malo está pasando”.
Dijo Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación.
Ilustración por: Mariana Ocampo – MO CH.
En un país donde el Estado brilla por su ausencia en las periferias, las iniciativas de organización ciudadana han sido una figura presente en la historia del conflicto armado. Tres meses luego de la implementación del proceso de paz con las FARC- EP, el sudor frío sigue corriendo por el cuello de quienes abanderan el bienestar comunitario. Los afectados, además de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, son líderes de organizaciones de víctimas, de comunidades afros e indígenas, del movimiento comunal y ambientalista, los casos reportados abarcan alrededor de 20 departamentos en el país.
Si bien existe un aumento considerable en los asesinatos luego de la firma del proceso de paz, no es una situación desconocida luego del genocidio a 5000 miembros de la Unión Patriótica. Por otro lado, informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señalan la persecución social como un fenómeno lamentablemente común especialmente en las zonas rurales, y agrega:
«En 2014 se presentaron 78 asesinatos, mientras que en 2015 la cifra llegó a los 105 activistas sociales ultimados».
Sin embargo, los vacíos autoritarios dejados por las FARC facilitan la disputa entre actores armados para el control de los territorios. Son muchas las fauces hambrientas por las bastas extensiones de tierra. Los homicidios cometidos desde noviembre del 2016 pueden atribuirse en su mayoría a movimientos narco-paramilitares que se han reordenado o nunca han dejado de funcionar a pesar del proceso de desmovilización llevado a cabo en la década del 2000.
“Las situaciones de amenazas, los asesinatos, atentados, las diferentes modalidades de ataque a las comunidades, todo forma parte de una misma situación”.
Puntualiza Leonardo González, coordinador de la unidad investigativa de Indepaz a telesur.
Otra particularidad es el impacto en el tejido social generado a partir de pequeñas acciones. Los afectados ya no hacen parte solamente de movimientos sociales con buena envergadura y trayectoria, sino también de procesos recientes y apenas consolidados.
Los medios regionales, las organizaciones de víctimas e instituciones gubernamentales se han manifestado en comunicados de prensa, marchas y boletines por redes sociales; a pesar de eso la desinformación del tema continúa presente. Los medios de cubrimiento nacional tienen una participación discreta para un problema de estas proporciones y, las investigaciones públicas no se apresuran a catalogar estos crímenes como sistemáticos. Para darnos una idea, el asesinato de William Castillo Chimá, el 17 de marzo de 2016, hasta ahora es el primer crimen –de 74 en investigación cometidos entre el 2016 y 2017– que la justicia atribuye directamente a actividades de defensa de derechos humanos y liderazgo político en las regiones.
Mientras en las ciudades nos dejamos de mirar el ombligo, mientras las investigaciones llegan a conclusiones sólidas, mientras las acciones ciudadanas sobrepasan la indignación por redes sociales, la historia seguirá repitiéndose: dos hombres en una moto acorralan a la víctima, preguntan su nombre y disparan en la mitad de la respuesta. Las lágrimas y el dolor cortarán de apoco los lazos sociales creados para finalmente escuchar un silencio tenebroso, alimentado de los precavidos y los desinteresados por el tema, saltarán los escépticos subrayando que aún no puede relacionar el asesinato con el rol de líder o lideresa. El silencio puede tener murmullos, insinuando que el que nada debe nada teme, que las muertes se deben a negocios chuecos, que eso solo le pasa a quienes lo merecen.
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