Especial Paz y Posconflicto ¿Cómo va la implementación de los acuerdos? Primera parte

Texto por: Valentina Santos y Stefanny Gutiérrez.
Fotografías por: Andrés C. Valencia.

La cara del conflicto es la que hoy vuelve a relucir para Colombia, un país que últimamente está luto tras luto. Las masacres ocurridas este año le recuerdan al país los tiempos de guerra y perdición durante una guerra de casi 70 años.

Como una esperanza para el fin del conflicto, en el 2016 le apostó a dar nuevas oportunidades con los acuerdos de paz entre el gobierno Colombiano, encabezado por el expresidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).

La firma de los acuerdos fue un proceso largo y complejo con los diálogos en Oslo y en La Habana. El primer acuerdo fue firmado en Cartagena en septiembre de 2016, luego vino el plebiscito que definiría su implementación como estaba estipulado y, debido a la incertidumbre alentada por la extrema derecha colombiana y detractores del gobierno Santos, el resultado final fue una victoria para el No.

Finalmente el gobierno renegoció el acuerdo y en un largo proceso acordaron con las FARC-EP un nuevo texto para el acuerdo de paz el cual se firmó el 24 de noviembre del 2016 en el Teatro Colón de Bogotá.

Han pasado casi cuatro años desde la firma de estos acuerdos, y la preocupación de su implementación se ve aumentada tanto por la voluntad y orientación del actual gobierno como por los índices de violencia crecientes. Cabe aclarar que la implementación de los acuerdos está diseñada para 15 años, es decir, alrededor de 3 gobiernos, pero:

¿Cómo va la implementación de los puntos clave de los acuerdos?

El acuerdo giró en torno a 6 puntos clave: 1: Reforma Rural Integral. 2: Participación Política. 3: Fin del Conflicto. 4: Solución al problema de drogas ilícitas. 5: Víctimas. 6: Implementación, verificación y refrendación.

Uno de los puntos clave del acuerdo de paz fue el tema de la tierrita de la gente. En  Colombia existe un grave problema y es que la mayoría de campesinos asentados en tierras que les han pertenecido por generaciones no tienen escrituras, esto permitía que los terratenientes (dueños de tierras o fincas rurales extensas) se beneficiaran de la guerra desplazando a ocho millones de personas adueñándose de las tierras. También algunos grupos armados se apropiaron de la tierra para beneficiar al negocio del narcotráfico. 

A partir de los acuerdos, cuyo objetivo en materia rural era, en síntesis, fortalecer las condiciones del campo colombiano generando una redistribución más equitativa de la tierra, el gobierno se comprometió a entregar 10 millones de hectáreas a las comunidades, 3 millones serían entregadas gratuitamente y 7 millones serían formalizadas en Fondo de Tierras.

Las cifras que arrojan los entes gubernamentales varían notablemente, esto dificulta la verificación del cumplimiento de lo pactado.

Por el momento, las cifras que arrojan los protagonistas gubernamentales varían notablemente, esto dificulta la verificación del cumplimiento de lo pactado. Mientras que la Agencia Nacional de Tierras sostiene que han sido formalizadas 1´900.000 hectáreas, la Consejería Presidencial afirma que han sido formalizadas 93.106 hectáreas.  

Por otro lado, entre las fuentes de tierras que se comprometió a entregar el gobierno se encuentra la extinción judicial de dominio y la recuperación de tierras inexplotadas. Sin embargo, es claro que el gobierno actual no se encuentra interesado en desfavorecer a los que más tienen, pues según Viacampesina.org, el gobierno Duque sólo ha recurrido a bienes baldíos o que hacían parte del Fondo Nacional Agrario, es decir que no se está promoviendo la desconcentración ni la democratización del acceso a tierra.

Es claro que el gobierno actual no se encuentra interesado en desfavorecer a los que más tienen.

Así mismo, la participación de las comunidades, este pilar para la reorganización del campo colombiano, se ha visto limitada. Según, Via Campesina, esto se evidencia, por ejemplo, en que las medidas para el cierre de la frontera y protección de zonas de reserva fueron adoptadas sin que medien ejercicios participativos; los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) no utilizaron metodologías para garantizar la participación específica de mujeres y se omitieron los espacios de consulta previa con los pueblos étnicos.

La participación de las comunidades, este pilar para la reorganización del campo colombiano, se ha visto limitada.

Otro punto clave de diagnóstico que podría arrojar luces sobre este asunto es el financiamiento de la Reforma Rural Integral, principal mecanismo de distribución de tierras dentro del acuerdo de paz.

Según Dejusticia.org, el Presupuesto General de la Nación presentado al inicio del actual gobierno muestra un recorte presupuestal significativo en los entes encargados de adelantar programas de acceso, formalización y desarrollo en el campo. Entre ellos la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de la Renovación del Territorio, la Agencia de Desarrollo Rural, incluso, el Ministerio de Agricultura.

La pregunta es, entonces: ¿Cómo espera el gobierno financiar este vital punto del acuerdo recortando presupuesto a los entes encargados? Y ¿Cómo espera fortalecer el campo colombiano sin trabajar de la mano de las comunidades?