Especial paz y posconflicto. Segunda parte: Participación política

Texto por: Jonny Carvato.

Tras la implementación de los acuerdos de paz pactados hace 4 años entre el Gobierno Nacional y el EP FARC, a través de un consenso político al conflicto, subsanando desgracias pasadas, se han venido implementando medidas de forma paulatina e intermitente, lo cual pone en peligro las negociaciones inicialmente establecidas. A esto se suma el detrimento de la seguridad en los últimos meses y el aumento perturbador de víctimas mortales a causa del conflicto y la violencia que han irrumpido el aire de paz y esperanza del posconflicto. 

Se han venido implementando de forma paulatina e intermitente, lo cual pone en peligro las negociaciones inicialmente establecidas.

Tanto el Gobierno colombiano como las FARC-EP establecieron la firma del convenio en La Habana erigiendo como segundo punto del acuerdo la participación política. Al respecto, la mesa de diálogos de paz inicialmente centró claridad sobre cuatro aspectos esenciales que fundamentan los principios centrales de la participación política. 

1.  Elaboración del Estatuto de oposición, el cual es un documento que define los parámetros que dan claridad sobre la participación política y el ejercicio de la oposición en Colombia. 
2. Construcción del Sistema de seguridad para el ejercicio de la política, allí se establecen los lineamientos donde se embarga cualquier acción que se catalogue como atentado hacia los diferentes movimientos políticos. 
3. Desarrollo de las Circunscripciones transitorias especiales de paz, las cuales se  conceden a aquellas regiones en estado de vulnerabilidad, y a diferentes zonas del territorio colombiano que han sido afectadas por el conflicto armado, a través de curules adicionales en el Congreso de la República. 
4. Fortalecimiento de la participación ciudadana. La cual se evidencia en la democracia participativa como derecho fundamental de todo ciudadano. 

Ahora bien, estos lineamientos esenciales que hacen parte de los acuerdos que establecen la participación política en el proceso de paz y postconflicto en Colombia, ha despertado suspicacias que han cuestionado el cumplimiento de estos 4 lineamientos, y de muchas otras consideraciones que hacen parte de los acuerdos de paz. 

Lo primero en remarcar es el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales quienes representan la participación política ciudadana en los territorios que históricamente han sido olvidados por el Gobierno, representando la voz de las víctimas en los escenarios de deliberación de las regiones. 

Lo primero en remarcar es el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales quienes representan la participación ciudadana en los territorios que históricamente han sido olvidados por el Gobierno

Durante los dos primeros años de la implementación de los acuerdos (2016 y 2017), según una investigación realizada por Dejusticia «se presentaron al menos 351 asesinatos de líderes, entre quienes se encuentran líderes comunales a favor de la reforma rural y líderes reclamantes de tierras», así lo afirmó Alejandro Rodríguez Llach, Investigador del área de Justicia Económica de Dejusticia, en su columna para el diario El Espectador. 

Durante los últimos años, en lo que respecta a la participación del grupo FARC EP en los eslabones políticos, el partido proyectaba una forma de participación en un alto puesto en la jerarquía dentro del Congreso de la república, tal como se evidenció hace 4 meses cuando Sandra Ramírez, representante del Partido Farc, se convirtió en la segunda Vicepresidenta del Senado.  Esto generó descontento y opiniones divergentes, especialmente en el partido Centro Democrático. 

 «He jurado como Segunda Vicepresidenta al Senado. Un triunfo de la paz, un triunfo de la reconciliación. Gracias a quienes depositaron su confianza. Un hecho que muestra que la paz es el camino»: Sandra Ramírez vía Twitter. 

El panorama es esperanzador, pues, a pesar de la divergencia en las opiniones y discernimientos, existe la oportunidad de escuchar otras voces en la política colombiana, voces del conflicto que ahora garantizan equidad y una serie de posibilidades donde se reconozca y se respalde la justicia y la oportunidad de reinsertarse en la sociedad haciendo una vida digna, y permitiéndose ser escuchados y con derecho a la participación política como oposición.

En la actualidad, el Estatuto de Oposición se ha implementado a cabalidad; sin embargo el asesinato sistemático y desmedido de líderes sociales y de excombatientes (194 desde que se dejaron las armas) genera incertidumbre e inseguridad sobre el tratado inicialmente pactado. 

En el balance general socializado por Emilio Archila, Consejero para la Estabilización; Rodrigo Granada, integrante del Partido Farc; y Victor Barrera, integrante de la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional del Acuerdo de Paz, se ratificó el cumplimiento y rigurosidad actual del estatuto que se contempla como parte fundamental de la participación política. 

El asesinato sistemático y desmedido de líderes sociales y de excombatientes (194 desde que se dejaron las armas) genera incertidumbre e inseguridad sobre el tratado inicialmente pactado.

Aún así, sigue siendo cuestionable la instalación de las curules que garantizan la participación política de las organizaciones pertenecientes a los territorios donde el conflicto armado ha impactado en los últimos años, curules que corresponden a la Cámara de Representantes y de las cuales nadie tiene claridad. Es evidente la incongruencia y falta de cumplimiento de algunos parámetros que hacen parte de los compromisos establecidos en 2016, estando así varios de estos archivados, otros modificados o en estudio para ser reestructurados y, muchos otros, estipulados solo en papel pero no en la acción política. 

Sigue siendo cuestionable la instalación de las curules que garantizan la participación política de las organizaciones pertenecientes a los territorios donde el conflicto armado ha impactado en los últimos años.

A 4 años de la firma del acuerdo de paz y posconflicto, Colombia continúa esperando cumplimiento y garantía. Aunque se ha dado cumplimiento a ciertos compromisos, aún hace falta entrever una participación política que garantice el respeto a la vida, seguridad y oportunidades a excombatientes, y en donde exista igualdad de derechos y participación de la oposición en el congreso y en las decisiones políticas que rigen al estado.