Texto por Andrés Felipe Rivera Motato
Fotos por Andrés C. Valencia y Cristian Aristizábal
Mediante expresiones artísticas y productivas —como ferias de emprendimiento lideradas por víctimas y la creación de un lienzo colectivo con relatos de diversas voces— se han tejido narrativas de dolor, resistencia y esperanza que atraviesan múltiples municipios caldenses. Estos encuentros comunitarios fortalecen los lazos sociales y reafirman el compromiso con una memoria viva que contribuya a la construcción de paz en el territorio.
El Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado es un momento para reconocer, visibilizar y dignificar a quienes sufren las consecuencias del conflicto en Colombia. En Caldas, esta conmemoración es un espacio para abrir el diálogo sobre el impacto de la violencia, especialmente en los municipios del oriente del departamento, una de las regiones más afectadas. Más allá del acto simbólico, la jornada que se realizó el 29 de abril estuvo marcada por un enfoque en la reconstrucción social, con la participación de víctimas, instituciones y organizaciones que han acompañado procesos de reparación, reconocimiento y dignidad.
Este evento, no solo es para recordar los hechos violentos y victimizantes, sino también fortalecer las capacidades de las comunidades para reconstruir sus proyectos de vida. En ese camino ha sido fundamental el trabajo articulado entre organizaciones sociales, entidades públicas y académicas. Entre las voces clave en este proceso está la de Carolina López Giraldo, docente de la Universidad de Caldas y directora del Centro de Investigaciones sobre Conflicto, Violencia y Construcción de Paz, con quien conversamos para ampliar el sentido de estas acciones conmemorativas realizadas en el contexto local.
¿Por qué son importantes estos espacios en la ciudad?
CLG: Son fundamentales porque en Caldas ha existido históricamente una negación del conflicto armado. Durante años se repitió la idea de que aquí no hubo una afectación significativa, a diferencia de otras regiones del país. Sin embargo, los datos y las memorias de las comunidades muestran lo contrario: el conflicto sí dejó huellas profundas en el departamento.
Caldas puede dividirse en cuatro subregiones: oriente, occidente, norte y centro-sur. El oriente y el occidente vivieron una afectación sistemática del conflicto armado. El norte también sufrió impactos importantes, siendo el lugar donde se asentó una de las estructuras paramilitares más influyentes: el Cacique Pipintá. En el oriente operó otra estructura poderosa y el centro-sur también enfrentó impactos graves.
Hoy asistimos a una nueva etapa del conflicto: una reconfiguración compleja donde las violencias ya no se limitan a zonas rurales. Empiezan a expresarse en contextos urbanos, aunque de manera más difusa: microtráfico, homicidios selectivos de jóvenes, desapariciones, extorsiones. Todo esto muestra una disputa territorial entre estructuras armadas ilegales que siguen victimizando a la población.
¿Cómo se manifiesta actualmente el conflicto en Caldas y el Eje Cafetero?
CLG: Estamos viviendo una recomposición del conflicto armado en escalas: desde estructuras nacionales hasta redes locales. En Caldas, operaron estructuras paramilitares como las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio desde los años 70. Estas han evolucionado en el tiempo y hoy se articulan o se subordinan al Clan del Golfo bajo nombres como «el Clan del Oriente».
Aunque no hay señales claras de una reconfiguración insurgente en esta zona, el control territorial por parte de grupos criminales es evidente. Este control no solo está relacionado con economías ilícitas, sino también con la cooptación de partidos políticos y formas de poder local.
Un caso preocupante es el regreso del excomandante paramilitar Macaco a Risaralda. Su presencia ha generado una recomposición del narcotráfico en la región, especialmente en Pereira, donde se disputa el control territorial con estructuras del Clan del Golfo. Todo esto hace parte de un mapa de conflicto muy distinto al de hace dos décadas.
¿Qué papel juega la academia y la memoria en este contexto?
CLG: La academia tiene una responsabilidad vital. Este es un país amnésico, que margina lo que duele, como dice Todorov. En Colombia, el olvido ha sido selectivo y por eso no podemos dejar de hacer memoria, ni individual ni colectiva.
Ya no se trata solo de recoger testimonios de las víctimas, sino también de apropiarnos de los aportes de la Comisión de la Verdad, que ofreció una comprensión estructural del conflicto en sus distintos volúmenes: violencias contra mujeres, contra pueblos étnicos, reclutamiento forzado, entre otros. Especialmente en el volumen testimonial Cuando los pájaros no cantaban, hay verdades fundamentales que deben circular y encarnarse en la sociedad.
La memoria no debe quedarse en lo escrito. Necesita convertirse en memoria viva. Porque esa memoria viva nos permite actuar y entender las dinámicas actuales del conflicto. Aunque en Caldas existe una «tensa calma», eso no significa que no haya riesgos. Y no podemos bajar la guardia: debemos problematizar, desnaturalizar y abordar las causas estructurales que permiten la continuidad del conflicto.
¿Cómo se vivió el ejercicio de memoria durante la jornada?
CLG: Fue una experiencia muy valiosa. Trabajamos con estudiantes de secundaria y universitarios. Leímos testimonios del volumen testimonial de la Comisión de la Verdad y las víctimas compartieron sus relatos. Luego pasamos a ejercicios plásticos y artísticos como la pintura, donde cada persona interpretó lo escuchado y lo convirtió en una imagen.
Fue un ejercicio profundo y conmovedor. La memoria circuló en formato oral, escrito y artístico. Ver a estudiantes leer, escuchar y luego representar gráficamente lo que sintieron es ver cómo esa memoria se encarna. Y eso es precisamente lo que necesita este país: que la memoria deje de ser un documento guardado y se convierta en una práctica colectiva para que el pasado no se repita.
Un llamado a la reparación integral y a la articulación institucional por la paz territorial
La jornada también incluyó un espacio de conversación para entender los retos actuales de la política pública de víctimas en Caldas. En este conversatorio participó Katherine García, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero, quien fue clara en señalar que la reparación integral es un compromiso de todo el Estado y de la sociedad en su conjunto.
«La guerra desborda la capacidad institucional», dijo. Por eso se requiere de un trabajo articulado entre entidades, academia, organizaciones sociales y gobiernos territoriales. También hizo un llamado a conformar mesas de trabajo con la participación de las víctimas y las instituciones con competencia en tierras, salud y educación para avanzar de forma concreta en la implementación de las medidas de reparación más allá de la indemnización económica.
La directora resaltó que la reparación debe entenderse como una apuesta estructural que permita transformar las condiciones que dieron origen a la violencia en los territorios y propuso un ejercicio de evaluación de la implementación de la política pública de víctimas en Caldas, donde se escuchen tanto los avances como los pendientes. Asimismo advirtió sobre las continuidades del conflicto, que aún hoy impiden la presencia efectiva del Estado en ciertas zonas, lo que reproduce ciclos de victimización por falta de garantías y protección.
Para el cierre de la jornada, en medio de una mandala tejida colectivamente se encendieron velas en memoria de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado. El gesto, íntimo y potente, es un recordatorio de que tras las cifras y los informes hay vidas, historias y ausencias. Este acto colectivo no solo honró el dolor, también reafirmó la esperanza de las comunidades por una reparación real, por una paz que se construya desde el reconocimiento, la justicia y la dignidad.
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