Por: Andrés Felipe Rivera y Eloisa Castillo Torres
Este ejercicio no pretende ser una guía para elegir candidato. Busca ofrecer al sector cultural —a sus gestores, artistas, investigadores y públicos— y a votantes en general, información de primera mano y los elementos para leer con rigor lo que les están prometiendo.
En Colombia, hablar de cultura en época electoral parece, casi siempre, un asunto de cortesía. En los debates aparecen primero la seguridad, la economía, la salud, la corrupción o la infraestructura; y luego, casi al final de los planes de gobierno, sí es que se menciona, aparece, como un anexo amable, se menciona la cultura. En la recta final de este periodo de elecciones presidenciales, hicimos un análisis sobre los planes de gobierno de cinco candidatos, para saber cuál es su apuesta por la cultura.
Algunos de los candidatos lo reducen a la programación de conciertos, una feria del libro o una exposición, o incluso a actividades “extracurriculares” en los planes educativos. En un país atravesado por la violencia, la falta de oportunidades, el centralismo y la precariedad laboral las propuestas presidenciales sobre el sector cultural, también deberían ocupar el centro del debate público, y no su periferia. La cultura es el tejido a través del cual una sociedad conversa, recuerda, se reconoce, se pelea, se reconcilia, imagina el futuro y dota de sentido a su vida en común.
El gobierno de Gustavo Petro deja un sector con una narrativa de cultura para la paz, formación artística, diversidad territorial y ampliación del acceso. El gobierno saliente realizó la mayor inversión en la historia de Colombia, para el sector cultural, con una inyección de más de $4.27 billones a través del Ministerio de las Culturas.
Su apuesta más visible, Artes para la Paz, se presentó como un motor de transformación vital en territorios históricamente excluidos, una iniciativa que destinó cerca de $180.000 millones para formar a través de las manifestaciones artísticas a estudiantes de colegios públicos y generar empleo para miles de artistas formadores, a lo largo y ancho del territorio nacional.
Este proceso, inició con el programa Sonidos para la Construcción de Paz, que en 2024 llevó formación musical a 214.000 niños en 515 municipios, proyectando alcanzar los 400.000 estudiantes para 2025. En lo legislativo y presupuestal, el impulso a la Ley de Canasta Básica Cultural (Ley 2389 de 2024) y la asignación de un presupuesto histórico de $1,4 billones para 2024 marcan un hito innegable para la cultura del país..
Aunque el actual gobierno instaló la idea del arte como herramienta de paz, las fallas estructurales siguen intactas. La informalidad laboral, la dependencia de las convocatorias, la debilidad de las infraestructuras municipales y la escasa seguridad social para los artistas siguen siendo el pan de cada día. La gran pregunta para 2026 no es solo quién dará continuidad o quién desmontará lo hecho, sino qué candidato entiende realmente que la cultura es transversal a la vida en sociedad, a las políticas de Estado y no puede seguir siendo un elemento decorativo.
Al analizar los programas de gobierno, las visiones sobre el sector cultural evidencian diferencias sobre el modelo de país que cada candidato imagina.
Se analizaron los planes de acuerdo a las variables de: discurso, propuestas concretas, estrategia, viabilidad, medición de impacto, reconocimiento de agentes culturales
Ubicando a la cultura dentro de los ejes «Cuidar a la gente», y en «Cultura, Deporte y Patrimonio». Es una ubicación que dice algo: la cultura se concibe como un derecho social, no como un motor económico. El punto de partida del apartado es que Colombia es una potencia cultural y deportiva, pero que esa potencia ha sido limitada por la centralización, la baja inversión territorial y la escasa participación comunitaria.
En el conjunto de un documento de 35 páginas, el apartado cultural ocupa apenas media página. Eso, en sí mismo, es información.
Claudia López, con tono de administradora que conoce la gestión territorial, apuesta por la descentralización, los derechos y la cohesión social. La cultura no brilla como tema prioritario del programa; está presente pero no protagoniza y sus propuestas concretas giran en torno: Fondos Regionales de Estímulos, presupuestos participativos y un Sistema Regional de Patrimonios; Promover la cultura viva en los territorios: festivales regionales, Fondo Regional de Estímulos, presupuestos participativos y Alianzas Público-Privadas (APP) culturales para fortalecer infraestructura y empleo cultural, buscando hacer de la cultura una herramienta de cohesión y desarrollo local. Sin embargo, carece de demostrar cómo articulará una arquitectura nacional que proteja los derechos laborales, regule la inteligencia artificial o fortalezca los medios públicos.
En cuanto a la medición del impacto no se evidencian metas cuantitativas para el sector cultural. A diferencia de otros ejes del programa — donde sí aparecen cifras de cobertura, porcentajes de reducción de brechas, número de beneficiarios— la cultura queda sin indicadores. Esto es coherente con su peso relativo dentro del plan: es un componente de cohesión social, no un eje estratégico con métricas propias.
El plan menciona «empleo cultural» y habla de fortalecer «infraestructura y empleo cultural» a través de las Alianzas Público Privadas. No se nombra explícitamente a gestores, artistas, artesanos, músicos, teatreros ni ningún tipo específico de agente del sector. La participación ciudadana en la gestión patrimonial es el único guiño a una cultura entendida como práctica comunitaria y no solo como servicio.
Clic aqui para leer el plan de gobierno de Claudia Lopez con Leonardo Padilla
En el plan de Cepeda, la cultura es el eje transversal de una «revolución ética» y transformación social, entendida como justicia social, derechos humanos y paz. Su enfoque busca rebatir la normalización de la violencia, el racismo y el patriarcado. Propone asambleas culturales en barrios y zonas rurales, un gran diálogo nacional que reúna actores del país en las diferentes mesas sectoriales, alejándose del «diálogo de salón», y plantea economías culturales como antídoto al extractivismo en regiones como el Pacífico caucano.
Es una mirada que tiene coherencia política: la cultura como herramienta de reconciliación y de construcción de verdad en un país que todavía no cierra sus cuentas con el conflicto armado. Aunque esto también puede significar un limitante: la política cultural reducida a su dimensión memorialística y de derechos, sin claridad clara de la articulación con la dimensión económica del sector, la situación laboral de los artistas o la infraestructura cultural territorial.
Las comunidades étnicas y los pueblos indígenas son reconocidos ampliamente como sujetos de derechos, incluyendo su dimensión cultural-ancestral es destacable al entender el arte como expresión viva de los pueblos. Pero gestores, artistas, músicos, teatreros o trabajadores de las industrias creativas no son nombrados en ningún momento.
Su defensa de las culturas afrodescendientes su propuesta peca de abstracción operativa. Su visión de país es simbólica y reparadora, pero carece de una política artística sectorial robusta que aborde el cine, el teatro, los derechos laborales o la industria independiente.
En los discursos pronunciados en los diferentes territorios del país, Cepeda ha mantenido su compromiso de mantener los avances en materia de presupuesto y los programas para el sector cultural en los que ha avanzado el actual gobierno de Gustavo Petro.
Clic aqui para leer el plan de gobierno de Ivan Cepeda con Aida Quilcué
Desde una orilla diametralmente opuesta, de la Espriella diagnóstica a la cultura como «riqueza, identidad y motor económico». La cultura, en este marco, es ante todo una industria que debe generar divisas. La diversidad expresiva, la creación no rentable, el patrimonio inmaterial, la cultura comunitaria: todo eso queda en el margen o directamente ausente
Su tono es el de un ejecutivo que descubrió que el sector creativo tiene números interesantes. Desde ahí construye su argumento: la cultura debe ser inversión, no asistencialismo. Es una postura válida, pero incompleta y potencialmente peligrosa si se aplica como único criterio de política pública cultural
Su plan está en: construir grandes industrias audiovisuales y musicales, otorgar un bono cultural para 2,4 millones de jóvenes, y disponer de una línea creadora de $125.000 millones anuales. Se inspira en modelos como el de Corea del Sur, centrada en la propiedad intelectual, el mercado y la formalización. El riesgo evidente de esta aproximación es la reducción del campo cultural a lo estrictamente rentable, dejando en el olvido la cultura comunitaria, las bibliotecas, los saberes ancestrales y aquellos procesos creativos que no tienen —ni buscan tener— vocación de empresa.
El plan cita cifras del sector —informalidad, proyectos avalados en CoCrea 2025, balanza de servicios— como diagnóstico, pero no establece metas medibles para el cuatrienio. No se sabe cuánto quiere reducir la informalidad cultural, cuántos proyectos creativos financiará con el capital semilla, cuántos empleos formales espera generar en el sector, ni cómo evaluará el impacto del «Pase mi cultura».
Clic aqui para leer el plan de gobierno de Abelardo de la Espriella con José Manuel Restrepo
Para ella, la cultura ocupa un lugar marginal, subordinada a agendas de turismo, seguridad o educación. Su mención más destacada es la ampliación de jornadas extracurriculares artísticas. Si bien esto es útil para la prevención social y el uso del tiempo libre, el documento omite el «cómo»: no hay rastro de condiciones para artistas formadores ni de fortalecimiento institucional.
El plan de 111 puntos de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo no tiene un apartado específico de cultura. La palabra aparece de manera transversal y subordinada: en el punto 57 se menciona que se «ampliarán las jornadas extracurriculares de deporte, música, arte y cultura» dentro del capítulo de educación. Y también aparece como parte del capítulo de deporte, se habla de participación en «recreación y actividad física».
El turismo —que en algunos planes se articula con el patrimonio cultural— aparece como política económica. El silencio es elocuente. Para un plan que dedica secciones completas a seguridad, energía, corrupción, campo y medio ambiente, la cultura como derecho, como industria o como política pública simplemente no existe como categoría autónoma.
No hay mención específica de gestores, artistas, músicos, teatreros, artesanos ni ningún agente del sector cultural. El único guiño es la mención de «música, arte y cultura» como contenido extracurricular donde la cultura aparece como actividad recreativa para niños, no como campo de trabajo, creación y pensamiento.
Clic aqui para leer el plan de gobierno Paloma Valencia con Juan Daniel Oviedo
Bajo el título “Adelante por una cultura del diálogo y la convivencia”, el documento de Fajardo entiende la cultura no solo como derecho, sino como motor de paz y desarrollo sostenible. Sus propuestas abarcan desde duplicar el presupuesto y crear el programa Culturas Vivas Comunitarias, hasta transformar RTVC en una plataforma puramente educativa, lejos de la propaganda.
El tono es el de alguien que viene de haber gobernado con la cultura como herramienta de transformación —en Medellín y en Antioquia— y que tiene una convicción construida desde la práctica. No es el ejecutivo que descubrió las cifras del sector, ni el administrador que incorpora la cultura como un ítem más del cuidado social.
Cree que la cultura transforma sociedades y que tiene evidencia propia de haberlo intentado. El diagnóstico es contundente: el presupuesto nacional para cultura es apenas el 0,2% del total, mientras que el sector aporta el 3% del PIB. Y el Ministerio de las Culturas, a pesar de ser bueno institucionalmente, ha sufrido cuatro cambios de ministros en el gobierno Petro y ha operado en muchos momentos como aparato de propaganda política. Ese señalamiento directo al gobierno actual, desde la competencia electoral, es el único momento en que el documento pierde su tono propositivo para entrar en la disputa.
El documento menciona que el gobierno se compromete con «los más altos índices de eficiencia en la ejecución de los recursos públicos» y con «comunicación pública como herramienta pedagógica para entender qué hacemos, para qué, con quiénes y cómo lo hacemos». No hay metas cuantitativas explícitas —número de puntos de cultura creados, porcentaje del presupuesto alcanzado, municipios con plan cultural actualizado— aunque la lógica del plan sugiere que ese nivel de detalle podría existir en un programa de gobierno más extenso.
Fajardo aborda debates contemporáneos como: la inteligencia artificial, la gentrificación, los derechos de autor frente a plataformas globales y la diplomacia cultural. Su reto es el financiero, demostrar de dónde saldrán los recursos prometidos sin engordar la burocracia centralista.
Clic aqui para leer el plan de gobierno Sergio Fajardo con Edna Bonilla
Una deuda con el artista como trabajador
Existe una coincidencia en casi todos los programas: la invisibilización de los agentes culturales y creadores como clase trabajadora. Se habla de paz, de industria, de turismo y de patrimonio, pero el sujeto concreto — el músico que sobrevive de sus eventos, la actriz encadenada a contratos de prestación de servicios, el luminotécnico, la mediadora de lectura o el gestor cultural— son inexistentes.
El sector cultural merece candidatos que lo conozcan, que lo nombren con precisión, que le pongan presupuesto, que expliquen de dónde viene ese presupuesto y que sepan medir si las cosas cambian. Por ahora, como en 2022, la mayoría de las propuestas siguen siendo, en el mejor de los casos, promesas bien intencionadas. Y en el peor, adornos electorales con los colores de la bandera. El sector exige condiciones materiales: seguridad social, contratación digna, descentralización y políticas de largo plazo que no dependan del gobierno de turno.La cultura debería ser la pregunta central sobre el país que estamos dispuestos a ser.
