El 2 de diciembre de 2025, el Gustavo Petro sancionó la Ley Artes al Aula, marcando un antes y un después en la política educativa y cultural del país. Con esta norma, la enseñanza artística y cultural deja de ser una opción optativa y se convierte en un mandato para las instituciones educativas públicas.
Reconocer que la educación artística y cultural no puede seguir siendo un lujo, una clase optativa o un relleno en el horario escolar. Con esta norma, las artes entran a la escuela como un derecho, una política pública estable y un pilar para la formación de ciudadanía en un país diverso, desigual y profundamente creativo.
La ley —impulsada por el Ministerio de las Culturas y sancionada por el presidente Gustavo Petro— convierte la educación artística en un mandato nacional. Con esto, la escuela colombiana da un paso decisivo para democratizar el acceso a la cultura, cerrar brechas territoriales y fortalecer el vínculo entre los saberes del territorio y la formación de las nuevas generaciones.
Un cambio esperado
Durante años, la educación artística en colegios públicos dependió de la voluntad de algunos docentes, de programas temporales o de proyectos comunitarios que sobrevivían con poca estabilidad. En muchas instituciones, simplemente no existía. La Ley Artes al Aula llega para corregir esa deuda histórica: desde ahora, todas las instituciones públicas deberán garantizar procesos pedagógicos en artes, de manera continua y articulada.
Desde el Ministerio se insistió en que esta ley “democratiza el acceso a las artes y las culturas en las aulas del país” y reconoce que el desarrollo humano no se limita a contenidos técnicos, sino que exige sensibilidad, pensamiento crítico y capacidad de creación.
En palabras de la ministra de las Culturas Yannai Kadamani, “la tierra de este país es un escenario, es un aula artística y cultural”. La norma no solo busca llevar arte al aula: quiere que el territorio mismo —sus prácticas, ritmos y saberes— se convierta en parte de la experiencia educativa.
ABC Qué establece la ley
La norma es amplia, pero se puede resumir en cuatro puntos estructurales:
1. La educación artística deja de ser opcional
Todas las instituciones educativas públicas deberán incluir formación en música, danza, teatro, artes visuales y literatura, integradas al currículo y no como actividades marginales.
2. Formación docente garantizada
La ley reconoce la experiencia de maestras y maestros, pero también exige nuevos procesos de capacitación. Se articulará con el Sistema Nacional de Educación Artística y Cultural (SINEFAC) para acompañar a los territorios y fortalecer capacidades.
3. Equidad territorial
El enfoque es diferencial. Los colegios rurales, indígenas, afrodescendientes y de zonas con menor acceso cultural tendrán prioridad en la implementación, garantizando que el derecho llegue primero a quienes históricamente han tenido menos.
4. Aula expandida
Los artes del aula no se limitan al salón: parques, calles, casas culturales, ríos y espacios comunitarios pueden convertirse en escenarios pedagógicos. Esto reconoce la diversidad cultural del país y la riqueza de los saberes territoriales.
Por qué era necesaria
La ley nace de un diagnóstico claro: la ausencia de arte en la escuela profundiza desigualdades. En muchos municipios del país, miles de niños y niñas crecieron sin acceso a instrumentos, talleres de danza, clases de teatro o espacios de creación colectiva. La formación artística dependía del contexto socioeconómico, perpetuando la idea de que el arte es para quien puede pagarlo.
Además, durante años los territorios reportaron iniciativas potentes —grupos de teatro escolar, procesos de muralismo, semilleros de música tradicional— que desaparecían por falta de presupuesto o continuidad institucional. La ley busca que eso no vuelva a ocurrir.
Para el Gobierno, integrar las artes a la escuela también es un camino para la construcción de paz: “donde llegan las artes, llega la paz”, afirmó el presidente durante la sanción. La afirmación no es retórica: numerosos estudios demuestran que los procesos artísticos fortalecen la convivencia, reducen violencias escolares y mejoran la permanencia educativa.
Los retos que vienen
Como toda ley ambiciosa, Artes al Aula enfrenta desafíos importantes:
- Garantizar recursos, infraestructura y dotación en territorios donde aún faltan aulas, instrumentos o espacios culturales.
- Formar docentes en nuevas metodologías sin imponer modelos homogéneos que borren la diversidad cultural.
- Asegurar que los procesos se sostengan en el tiempo y no dependan de los cambios de gobierno.
- Involucrar a las comunidades, colectivos artísticos y organizaciones culturales en la implementación.
El impacto real de la ley dependerá de la capacidad del Estado para convertir el mandato en programas concretos, financiados y sostenidos.
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