De la Espriella promete combatir el adoctrinamiento mientras su Gobierno retira memorias del Museo Nacional. La intervención sobre las exhibiciones y el cierre de premios y reconocimientos golpean el acceso a la historia y las oportunidades de creación.
Texto por: Andrés F. Rivera Motato
El Gobierno encontró un enemigo entre las paredes del Museo Nacional, las memorias que no van con su proyecto político. Fotografías, afiches, elementos que hablan de la violencia politica y objetos sobre diversidad sexual, feminismo, salieron de las exhibiciones mientras Abelardo de la Espriella anunció su “contrarrevolución cultural”. La orden presidencial convirtió una institución de memoria en terreno de depuración ideológica.
La Silla Vacía documentó el retiro de al menos 30 piezas. Entre ellas figuran una bandera LGBT, materiales sobre derechos reproductivos, afiches de Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro, un tarjetón de la Séptima Papeleta y el bolígrafo asociado al Acuerdo de Paz de 2016. Los desmontajes dejaron cintas y marcas sobre las paredes.
El Gobierno actual sigue una ruta que otros gobiernos ya recorrieron para controlar la cultura. Artistic Freedom Initiative documentó cómo el partido Ley y Justicia intervino instituciones culturales en Polonia para promover una visión nacionalista y desplazar voces críticas. Freemuse denunció el control político de la cultura en Hungría y el uso de medidas antiterroristas para perseguir expresiones artísticas en Turquía. Aunque cada país tiene su contexto, estos gobiernos comparten métodos: presentan la disidencia como una amenaza, imponen criterios ideológicos a las instituciones y restringen las expresiones que cuestionan su poder.
“La cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología”, afirmó De la Espriella. En la misma intervención reclamó una “interpretación correcta de los hechos de la historia” y llamó a enfrentar la influencia de la izquierda en los espacios culturales y académicos. El propio Ministerio publicó el discurso.
El presidente se atribuye así una autoridad que ningún mandato electoral concede y decide qué pasado merece exhibirse y qué memorias deben apartarse. Su discurso ofrece libertad cultural, pero su instrucción establece un filtro político.
El 16 de octubre, Paola Holguín respaldó los cambios. Afirmó que el museo no debe servir como “instrumento de adoctrinamiento político”, invocó la protección de menores frente a material sensible y anunció una revisión de la museología y la curaduría de los espacios de su cartera. No explicó qué daño causaba cada pieza ni precisó qué ocurrirá con los objetos retirados.
Invocar a la infancia no reemplaza una explicación. Una autoridad que restringe contenidos debe demostrar sus razones. La existencia de personas LGBT, las luchas feministas y los acuerdos de paz no constituyen, por sí mismos, una amenaza para los niños. Presentarlos bajo sospecha alimenta los prejuicios que esas mismas comunidades han enfrentado durante décadas.
Un museo tampoco entrega certificados de buena conducta a quienes aparecen en sus colecciones. Conserva documentos para estudiar procesos, contradicciones y violencias. Un afiche electoral permite examinar una candidatura; exhibirlo no obliga al visitante a respaldarla. Confundir documentación con propaganda facilita la censura, basta con declarar indeseable al protagonista para retirar su historia.
Además, las salas cuestionadas tienen una trayectoria anterior a Petro. El Museo Nacional abrió Memoria y Nación en 2014 y desarrolló Hacer sociedad dentro de la renovación de 2018–2019. Sus publicaciones registran discusiones curatoriales sobre testimonios LGBT en 2018. La acusación contra el gobierno anterior borra también ese trabajo institucional.
María José Pizarro, exsenadora del Pacto Histórico e hija de Carlos Pizarro, rechazó la orden de retirar las imágenes de su padre de los espacios públicos del Gobierno: “Eso es asesinar dos veces a mi padre”, afirmó en Caracol Radio. Su reclamo tiene una razón concreta: Carlos Pizarro comandó el M-19, firmó la paz y participó en las elecciones presidenciales de 1990, cuando lo asesinaron. Reducir esa trayectoria a su pasado guerrillero excluye de la historia su decisión de abandonar las armas y el crimen que truncó su participación democrática. María José cuestionó también el retiro de piezas sobre las luchas de las mujeres y la población LGBTI, y calificó la decisión como “un rasgo fascista”. Su denuncia plantea una pregunta que supera la memoria familiar: ¿con qué autoridad pretende un gobierno borrar de los museos las historias que contradicen su discurso?
El ministerio está al servicio de la batalla presidencial
De la Espriella anunció que la entidad se llamará Ministerio de Cultura y Patrimonio. La denominación vigente, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, proviene de la Ley 2319 de 2023 y reconoce el carácter diverso y multicultural del país. A este momento no se acredita una norma que formalice el cambio.
El problema reside en quién define qué merece protección y qué puede desaparecer de una exhibición. El presidente destacó iglesias, conventos, arte sacro y procesiones como prioridades. Esos bienes merecen cuidado. También lo merecen los testimonios de quienes lucharon contra la discriminación, defendieron derechos o buscaron salidas a la guerra.
La diversidad no pierde legitimidad porque incomode al gobernante. Un ministerio administra recursos e instituciones públicas y no recibe autorización para imponer las preferencias morales del presidente sobre toda la sociedad.
La Constitución fija límites al Gobierno: el artículo 20 protege la libertad de expresión y prohíbe la censura; el 71 garantiza la libertad de creación artística; y los artículos 7 y 70 ordenan proteger la diversidad cultural y garantizar el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades. Retirar contenidos por su orientación política o por las comunidades que representan amenaza esas garantías. Además, Colombia es un Estado laico, como estableció la Corte Constitucional en la Sentencia C-350 de 1994: las autoridades deben mantener neutralidad religiosa y respetar la igualdad entre confesiones. El presidente puede profesar una fe; convertirla en criterio para decidir qué expresiones culturales merecen espacio público desconoce esa obligación. Sus convicciones personales no están por encima de los derechos de la ciudadanía.
Las oportunidades también desaparecieron
Esta disputa aparece justo después de que el Ministerio cerrara la evaluación y asignación de premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos. La Resolución 1887 del 14 de septiembre dejó 1.308 propuestas habilitadas sin evaluación. El cierre afectó esas modalidades.
El Ministerio alegó dificultades operativas y de caja. La cartera anunció después pagos por $37.839 millones a 2.096 beneficiarios. Esos desembolsos atienden obligaciones pendientes; no reabren las modalidades suspendidas.
Cómo nos afectan estas decisiones
El público pierde herramientas para entender el país. Los documentos retirados reducen las posibilidades de conocer, contrastar y formular preguntas. Los estudiantes y docentes reciben una exposición empobrecida por decisiones que el Gobierno todavía no explica pieza por pieza.
Las comunidades reciben un mensaje de exclusión. Retirar sus testimonios de una institución nacional cuestiona su lugar en el relato común. Los museos públicos también pertenecen a quienes el poder preferiría mantener al margen.
Los creadores enfrentan menos oportunidades y mayor incertidumbre. La suspensión de convocatorias afecta trabajo, expectativas y posibilidades de reconocimiento. En las regiones, donde muchos colectivos dependen de apoyos intermitentes, cerrar una vía de financiación compromete la continuidad de sus procesos.
La presión política produce autocensura. Curadores, investigadores y artistas pueden empezar a evitar temas por temor a perder respaldo o espacios de circulación. El daño puede extenderse a proyectos que nunca llegarán al público porque alguien anticipó el rechazo oficial.
El Gobierno tiene que publicar los criterios, las órdenes y el destino de las piezas. Hasta ahora, sus declaraciones ofrecen acusaciones ideológicas donde hacen falta explicaciones verificables.
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