*Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de La Revista AlterNativa.
En una democracia de papel, la libertad se mide por el número de periódicos que sale día a día o por los micrófonos que se encienden cada mañana. En la calle, la medida es el miedo. Ese frío en el estómago que le da a un periodista antes de publicar, a un caricaturista antes de soltar el trazo, o a un artista o estudiante antes de pintar un mural. El miedo a que opinar cueste el patrimonio, la tranquilidad o la funa digital. (En el peor de los casos, la misma vida)
Autor:
Andrés F. Rivera Motato
Ahora que Abelardo de la Espriella camina con paso firme hacia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este 2026, la duda no es si va a firmar un decreto para clausurar canales de televisión o prohibir las marchas. Pensar en la censura de bota militar es un anacronismo. La cuestión es ¿qué pasa con la deliberación pública cuando el hombre que aspira a administrar el Estado tiene como deporte sentar a sus críticos en el banquillo de los acusados?
La libertad de expresión no es algo exclusivo de los periodistas con carné. Le pertenece al que rapea en una esquina contra la brutalidad policial, al que organiza una olla comunitaria en un paro, al que monta una obra de teatro político o al ciudadano de a pie que deja un comentario ácido en redes.
Cuando el poder se vuelve alérgico al disenso, toda esa arquitectura social empieza a crujir.
La ley como mordaza y un historial del litigio estratégico
Quienes ven con recelo el ascenso del abogado penalista no lo hacen por antipatía política. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) lleva años documentando un patrón que en el ámbito internacional se conoce como SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública). En lenguaje común es: usar el aparato judicial para cansar, quebrar económicamente y silenciar al que estorba
A inicios del 2026 la FLIP advirtió sobre el posible acoso judicial que configuraron las acciones legales que la campaña de De la Espriella enfiló contra la columnista y abogada, Ana Bejarano tras su texto “Alex y Abelardo”. Y en el retrovisor quedan más de un centenar de casos entre querellas, demandas civiles y tutelas contra nombres como Cecilia Orozco, Jorge Gómez Pinilla o el equipo de Tercer Canal.
El truco no es ganar las demandas; la mayoría terminan archivadas o en nada. El truco es el desgaste. Para un gran conglomerado de medios, un litigio es un trámite de oficina; para un portal independiente o un periodista regional, una demanda penal es la quiebra emocional y financiera. Muchas veces puede ser la invitación directa a la autocensura.
Pero el ecosistema cambió y los juzgados ya no dan abasto. El nuevo frente de batalla es digital. Mayo de 2026 dejó una estampa preocupante, el canal de YouTube de María Jimena Duzán —con un archivo periodístico y de opinión invaluable— desapareció misteriosamente tras una videocolumna de crítica al candidato De La Espriella. A esto se suman los linchamientos digitales contra Melquisedec Torres y Julián Martínez. Ahora los señalamientos y la presión se trata de que una horda digital destruya la reputación en un par de clics, a punta de hostigamiento y desinformación automatizada.
Si uno lee el programa de gobierno de De la Espriella, todo parece encajar en la retórica institucional, promete defender a los jueces y respetar la prensa. Pero el diablo está en los detalles y en la adjetivación. El documento está impregnado de una narrativa de «salvación nacional» frente a enemigos internos, donde se propone una “Primera Línea de Seguridad” integrada por veteranos y reservistas.
Aquí es donde la seguridad democrática se encuentra de frente con el derecho a la protesta. En un país que todavía tiene los cables pelados por el estallido social, usar términos como «Primera Línea» para armar estructuras de control territorial es jugar con fuego. No hay certeza de dónde termina la persecución al crimen organizado y dónde empieza la criminalización del sindicato, del colectivo indígena o del movimiento estudiantil.
Hace apenas unos días, el diario El País de España registró cómo el candidato acusa al petrismo de preparar un «estallido social» para robarse las elecciones, metiendo en la misma bolsa a jóvenes y comunidades étnicas sin mostrar una sola prueba. Cuando un candidato al poder califica a la movilización cómo vandalismo antes de que ocurra, la protesta deja de ser un derecho constitucional y pasa a ser tratada como un asunto de orden público y doctrina militar.
El arte de ahogar sin dejar marcas
La resistencia en Colombia ha sido a ritmo de batucada, olor a aerosol y estética de comparsa. Las tomas culturales son las manifestaciones que se hacen en las plazas públicas. Y para apagar eso no se necesitan tanques del ESMAD.
Un eventual gobierno de mano dura puede ahogar la disidencia cultural y la libertad de expresión con burocracia y asfixia financiera:
- Negando permisos de espacio público por «motivos de seguridad».
- Retirando apoyos institucionales, reduciendo presupuestos por convocatorias quitando estímulos a iniciativas que le incomoden al gobernante de turno.
- Saturando de vigilancia policial los eventos de artísticos
- Estigmatizando desde la tarima presidencial cualquier obra satírica como «adoctrinamiento».
El punk, el hip-hop, la caricatura y el teatro documental han sobrevivido en este país porque han aprendido a gambetear la violencia. Pero una cosa es resistir a la violencia ilegal y otra muy distinta tener que defenderse de la maquinaria del propio Estado volcada a judicializar la metáfora.
Nadie dice que un candidato no tenga derecho a defender su honra frente a la calumnia; ese derecho es legítimo. Pero la Presidencia de la República no es un club privado. Quien entra al Palacio de Nariño tiene que entender que el escrutinio se multiplica por mil. La piel de un mandatario debe ser gruesa; debe aguantar la sátira, la investigación, el grito en la plaza y la Interpelación.
¿Cuáles serían las garantías para seguir disintiendo en las calles y en las columnas, o entraremos en una era donde el arte y el periodismo tengan que aprender a callarse para poder sobrevivir?. En Colombia, el silencio es sinónimo de fosa común, esa alerta no se puede despachar como un simple debate electoral.
Le puede interesar:
